Las mujeres dominicanas en búsqueda de la igualdad

Informe preparado por el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional

UN BALANCE A PROPOSITO DEL 8 DE MARZO, 2010

Este 8 de marzo, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, la conmemoración cumple cien años recordando las históricas luchas de las trabajadoras del mundo por mejores condiciones de trabajo, especialmente las mujeres calcinadas dentro de una fábrica, o sobreexplotadas dentro y fuera del hogar. Y en este centenario, las dominicanas continuamos buscando la igualdad y el reconocimiento en todas las esferas de una sociedad que, desde sus cúpulas políticas, empresariales y eclesiales, mantienen la negación a nuestros derechos, aún los consagrados.

A 15 años de Beijing, y a 30 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, y de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, las dominicanas recordamos que los compromisos asumidos por el Estado para el adelanto y superación de las grandes barreras económicas, políticas y culturales, siguen siendo más nominales que reales. Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (2002), la República Dominicana tiene una población aproximada de 8, 562,541 millones de habitantes, de los cuales el 50.2% son mujeres frente a un 49.8% de hombres.

Para el año 2007 se estima que la población ha alcanzado la cifra de 9,147.614 personas, de las cuales unos 2, 800,000 pertenecen a jóvenes entre 10 y 24 años. El presente balance sintetiza información básica sobre la situación de las mujeres en la RD de hoy día en los renglones de pobreza y empleo, salud sexual y reproductiva, educación, violencia y participación política. 

Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (2002), la República Dominicana tiene una población aproximada de 8, 562,541 millones de habitantes, de los cuales el 50.2% son mujeres frente a un 49.8% de hombres. Para el año 2007 se estima que la población ha alcanzado la cifra de 9,147.614 personas, de las cuales unos 2, 800,000 pertenecen a jóvenes entre 10 y 24 años.  

El presente balance sintetiza información básica sobre la situación de las mujeres en la RD de hoy día en los renglones de pobreza y empleo, salud sexual y reproductiva, educación,  violencia y participación política. 

Pobreza y  empleo

En el país, se han realizado esfuerzos para evidenciar la situación de las mujeres en relación con las condiciones de pobreza y pobreza extrema, empleo e ingresos, lo cual se conecta con jefatura de hogar femenina y corresponsabilidades frente a las labores de cuidado. 

Precisamente, la jefatura femenina de hogar es la más alta de América Latina¹, ha ido en incremento y a comienzos del milenio, era de 34.2%, y de acuerdo a la Encuesta Demográfica y en Salud, ENDESA 2007, actualmente llega a 37.7%, siendo la principal provincia en jefatura de hogar femenina el Distrito Nacional, con 43.5 por ciento.  

En nuestro país, los hogares encabezados por jefatura femenina, alcanzan aproximadamente un 51% por debajo de la línea de pobreza, frente a un 32% de los hombres². 

Como respuesta, el estado dominicano ofrece, por un lado, los programas de políticas sociales, básicamente asistencialistas y clientelares, y por otro, las políticas de apoyo a la microempresa, caracterizados por su baja productividad y por las condiciones precarias en que se realizan, convertidas en reproductoras de pobreza y marginalidad.  Las mujeres son propietarias del 50% de las microempresas pero solo lo son de 4% de las pequeñas y medianas³.   

Haciendo un balance de las acciones gubernamentales en atención a la pobreza de las mujeres en los últimos 15 años, nuestras organizaciones consideran que, hasta el momento, han sido inútiles los esfuerzos por lograr la real renovación de compromisos respecto de la igualdad, ya que ninguna de estas políticas logró superar las condiciones de las mujeres pobres, por el contrario, han reforzado los roles tradicionales de género y la inequidad que representan.

La carencia del enfoque de género y de derechos en los programas emanados de la política social repercute en la pérdida de la condición de ciudadanía, y son recibidos como actos de caridad pública y no de justicia y responsabilidad de Estado, por lo que sus resultados son clientelares.

En el ámbito educativo superior, las mujeres han superado a los hombres constituyendo el 62.2% de la matrícula universitaria, sin embargo, continúan siendo el grueso de la población desempleada, reflejado en los datos para agosto 2009, del propio Ministro de Trabajo, cuando señala un nivel de desempleo para los hombres en edad laboral de un 8%, mientras el de las mujeres es de 24%, y el de los/as jóvenes es de un 29%, situación calificada de alarmante por el propio Ministro de la cartera⁴.

Empezando el segundo decenio del siglo XXI, la fuerza laboral femenina, se caracteriza por un crecimiento acelerado del índice de ocupación de las mujeres con respecto a los hombres y al promedio general, pero esos nuevos empleos se crean en el sector informal o son no remunerados, indicando que las mujeres dominicanas se insertan en el mercado laboral informal (61 por ciento) en situación de mayor vulnerabilidad por la inestabilidad e inseguridad, en cuanto a ingresos y protección social. Además, por la persistencia de las desigualdades salariales y ocupacionales, resultado de patrones culturales reciclados. 

Salud sexual y reproductiva 

El 49.8 de la población dominicana, es femenina y el %26% de la población femenina, lo componen mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años. Sin embargo, el índice de mortalidad materna se contabiliza entre 150 y 180/100,000, una cifra alarmante para un país donde el 98% de los partos son en instituciones hospitalarias y con asistencia médica, con excepción de dos provincias fronterizas, Pedernales y Elías Pina, donde es el 86 y el 84 por ciento respectivamente⁵.  

Otro problema es el de la temprana edad de las relaciones sexuales y el embarazo en adolescentes, cuyos índices ha subido en los últimos años. De acuerdo a las cifras  del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UFNPA, para el 2003, un 23% de los embarazos eran de adolescentes, y la misma fuente dice para finales de 2007, que del 26 al 33% de los partos realizados en el país, corresponden a adolescentes.⁶

En la Ley General de Salud, No. 42-01, de marzo de 2001, (G.O. 10075), de la R. Dominicana, las mujeres somos consideradas junto con los/as menores, personas adultas mayores y discapacitadas, como “grupo prioritario” y al respecto, el artículo 30 de esta ley dice que, “…para fines de salud y condiciones de vida, se consideran grupos prioritarios las personas que se encuentran en y por debajo de la línea de pobreza, dentro de los cuales, sin desmedro de los derechos a la salud establecidos en la Constitución de la República, se les debe dar prioridad a las mujeres, con mayor énfasis a las mujeres en estado de embarazo, los niños y niñas hasta la edad de 14 años, los ancianos y los discapacitados. La condición de grupo prioritario, por lo tanto, implica una mayor inversión en salud para los mismos.

Sin embargo, ni la normativa de salud ni ninguna otra, contemplan los Derechos Sexuales y Reproductivos, más allá de una enunciación con enfoque familista en el que la mujer solo es figura “materna”, una situación que dificulta el reconocimiento de la ciudadanía de las dominicanas y sus derechos humanos y esenciales, a pesar de que el  Plan Decenal de Salud, ⁷PLANDES 2006-2015 expone necesidades diferenciadas de género. 

El país, por el contrario, acaba de alinearse con los pocos que prohíben y condenan el aborto en todo caso, al constitucionalizar que la vida de las personas comienza desde el momento de la concepción, atentado así contra los derechos básicos de las dominicanas. 

Respecto VIH-Sida, las mujeres y las niñas dominicanas son la población  de mayor riesgo de infección debido a factores fisiológicos de vulnerabilidad, pero la feminización del Sida se debe sobre todo a la discriminación social, la desigualdad de género y la falta de empoderamiento de las mujeres ⁸PROFAMILIA. 

De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 2007, el 0,8 por ciento de la población dominicana es VIH positivo, porcentaje que en la zona rural, se eleva al 1%, pero en los bateyes de actuales y antiguos ingenios del Estado la prevalencia cuatro veces mayor (3.2 por ciento). 

Educación

El Sistema Educativo dominicano es considerado como uno de los más deficientes a nivel mundial, con un país que registra una tasa de analfabetismo de 11% en la población de diez años o más⁹. Según el Foro Económico Mundial (FEM), la República Dominicana ocupa la posición 132 de “calidad de la educación primaria” y el 129 en cuanto a la “calidad del sistema educativo”. El Estado no invierte en educación 4% del PIB establecido en la Ley de Educación No. 66-97 (art. 167), una suma declarada públicamente insuficiente, por el mismo Ministro de Educación¹⁰.  

De acuerdo con los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) del 2006, la tasa neta de asistencia a la escuela primaria es relativamente equitativa con un 93% para las mujeres y un 91% para los hombres. Este no es el caso en la escuela secundaria donde la tasa neta de asistencia para las mujeres es del 52% y 37% para los hombres¹¹.

Aunque el desempeño educativo de las mujeres es mejor en comparación con los hombres, se observa una brecha digital por género en el uso de las tecnologías de información y conocimiento, en especial en el uso del Internet. En el Distrito Nacional y Santo Domingo, por ejemplo, el 34.5% de los hombres de 12 años y más han utilizado Internet, en comparación con el 25.2% de las mujeres¹². 

La abandono escolar es dramático en el país y son muestra de la ineficacia del sistema de educación dominicano, así como la falta de congruencia entre los programas curriculares y la realidad nacional sin que el Estado enfrente sus causas. Los motivos de deserción de hombres y mujeres responden a características diferentes. Según el siguiente cuadro sobre los motivos de deserción de las personas entre 10 – 30 años, los hombres desertan en un 50% por su inserción al mercado laboral, mientras la mayoría de las mujeres (adolescentes, jóvenes) 40.3% abandonan la escuela para unirse en pareja o por embarazo¹³ 

Violencia 

La atención a la violencia contra las mujeres ha sido la necesidad estratégica de género que con más fuerza ha sido demandada por las mujeres dominicanas y que ha concitado respuestas  importantes por parte de las diferentes instancias del Estado.  

Las cifras dominicanas atestiguan que las violencias sociales tienen rostro masculino y en nuestro país el dato ha alarmado a la misma incumbencia de la Secretaría de Estado de Interior y Policía¹⁴, cuando en septiembre de 2007, comentaba sus propias estadísticas, diciendo que el 92.6% de los ejecutores de homicidios violentos son masculinos.  

En una entrevista realizada al año siguiente del estudio, el Ministro de Interior y Policía, comentaba que en el 2007, por ejemplo, las muertes causadas por la delincuencia fueron el 38%, mientras que las generadas por conflictos de convivencia (entre éstas se encuentran los feminicidios) fueron el 62% restante. “Estamos hablando de violencia intrafamiliar, riñas personales, conflictos en centros de diversión entre parroquianos que hasta comparten una misma mesa, en fin, situaciones de la convivencia social. Esa es la razón por la cual hemos denominado nuestra campaña con el nombre de Convivencia sin Violencia”¹⁵.  

La violencia de género contra la mujer, tanto en el ámbito de la familia como en el entorno social, además de ser masculina, es un fenómeno alarmante con altos índices de impunidad y a pesar de contar con una legislación penal que desde hace más de diez años que la tipifica y sanciona, ocurre con alta frecuencia¹⁶.  

En el país, se carece de un sistema de registro confiable y vinculado al sistema entero de atención, que indique la cantidad y calidad de estas violencias y a los indicadores de género necesarios para identificarlas y prevenirlas.

Solamente la justicia penal, Ministerio Público y Judicatura, han realizado algunas reformas estructurales a la respuesta desde el derecho, las que por funcionar con bajos presupuestos, se desenvuelven en un permanente Bournot o estrés laboral que facilita la impunidad y pone en mayor peligro a las sobrevivientes y menores a cargo.

El sistema nacional de salud pública no considera la violencia contra la mujer en sus protocolos de atención, a pesar de que desde comienzos de los años 90, este crimen fue declarado como un problema grave de salud por la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

En cuanto a los feminicidios¹⁷, como última manifestación de las violencias contra la mujer, las estadísticas muestran que han ido en aumento en los últimos 4 años¹⁸. La tasa de homicidios o muerte violenta de mujeres al inicio del milenio era cercana a 2.30 por 100.000 que es similar a la que tenían casi todos los países de la región centroamericana. Sin embargo, en el curso de seis años esta tasa ha aumentado sensiblemente, hasta casi duplicarse en el año 2006, que fue de 3.91, lo que sitúa a la República Dominicana en un nivel alto en relación al resto de los países de la región de Centroamérica, con una tasa de homicidios de mujeres por 100.000 solo superada por El Salvador y Guatemala. 

Mas de diez años después de la penalización de la violencia contra las mujeres y las niños y niños, se precisa la redefinición del modelo de atención y la estructuración de la perspectiva integral, con intervenciones de tipo intersectorial, que tenga en cuenta el trabajo con los agresores, y  la construcción de respuestas sociales involucrando los medios de comunicación en su rol en los procesos de socialización y que también involucre a actores comunitarios y las organizaciones sociales.  

Participación política     

Para la participación política de las mujeres en el sistema de partidos y en el poder democrático, existe una cuota afirmativa legal del 33% a los cargos electivos, exigida a las organizaciones que presentan candidaturas que no se cumple. Actualmente, las cifras son las siguientes¹⁹: 

• De las 32 senadurías, sólo dos son mujeres, lo que representa un 6.25%, y una presencia masculina de 93.75%. 
• De las 178 diputaciones, sólo 35 son mujeres, lo que representa un 19,7%; y una presencia masculina de 80,3%. 
• De las 151 sindicaturas, en sólo 18 sus titulares son mujeres, lo que representa un 11,9%; y una presencia masculina de 88,1%. ²⁰
• De las 963 Regidurías, sólo 262 corresponden a mujeres, lo que representa un 27,2%; y una presencia masculina de 72,8%.
• Por tanto, en lo que respecta a los cargos electivos, en la República Dominicana, de un total general de 1,324, sólo 317 son desempeñados por mujeres y 1,007 por hombres, lo que se representa un 23.94% de mujeres contra un 76.05% de hombres 

Los propios partidos políticos constituyen el más efectivo mecanismo de obstaculización del acceso de las mujeres a los puestos de poder político, electivos y no electivos. Estas organizaciones se valen de subterfugios y, en ocasiones de violencia, para dar preferencia a los hombres en las nominaciones. Además, el predominio masculino en las dirigencias, junto a la falta de institucionalidad partidaria, visible en la discrecionalidad con que se manejan para decidir quiénes integran los organismos de dirección partidaria y quienes serán postulados y en cuáles cargos, limita las posibilidades de las mujeres. ²¹ 

Frente a la indiferencia del Estado, se habla de la cuota afirmativa mínima de 33%, establecida por la ley electoral, como una solicitud de privilegio y no de una demanda justa y equitativa que debiera otorgarse en paridad para ser democrática. 

La misma indolencia y apatía frente a las trampas políticas de los partidos para negar el derecho al cupo, tales como: la política del relleno, poniendo mujeres en los puestos imposibles de salir favorecidos; la política de hacer bulto, cumpliendo con el 33%, pero no en cada demarcación, sino de manera global; la política del engaño, apareciendo las mujeres en la boleta, son elegidas pero el partido las obliga a renunciar y pone a hombres; la política de abandonarlas a su propia suerte, apareciendo en la boleta, pero sin apoyo económico y técnico. 

Al pasar balance de la situación a cien años de las primeras demandas laborales, este 8 de marzo las dominicanas feministas, organizadas e independientes, demandamos al Estado Dominicano y su administración:

Responder a los compromisos internacionales contraídos para mejorar la situación que implica a las mujeres, más del 50% de la población de este país.

Iniciar una verdadera transversalización de género en todos los programas establecidos para trabajar las áreas de pobreza extrema, trabajo, educación, salud sexual y reproductiva, violencia y participación política de la mujer, a partir de pautas trazadas con experticia técnica y no con enfoques clientelistas.

Producir una revisión de los currículos en todos los niveles de la educación, para incorporar el enfoque de género y definir procedimientos que incentiven y regulen la aplicación del enfoque de género dentro de las prácticas docentes. 

Trabajar con presupuestos reales que se mantengan más allá de las manipulaciones politiqueras y clientelares, en la aplicación a los derechos humanos, sociales, políticos y económicos de las dominicanas. 

Redefinir del modelo de atención y la estructuración de la perspectiva integral, con intervenciones de tipo intersectorial, que involucren a Salud Pública con el sistema de atención desde la Justicia Penal.  

Garantizar el acceso y el derecho a la salud, mediante el fortalecimiento y sistemas públicos integrales de seguridad social con accesibilidad y cobertura universales, para asegurar  condiciones de vida digna para las mujeres.   

Garantizar el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos, así como garantizar el acceso universal a servicios integrales de salud sexual y salud reproductiva.

Reconocer a las adolescentes y jóvenes como sujetas de derechos y brindarles las oportunidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas en todos los ámbitos que afectan la calidad y trayectorias de sus vidas, especialmente las relacionadas con el ejercicio de su sexualidad.

Adoptar medidas urgentes y reforzar los programas existentes para prevenir los embarazos en adolescentes, tomando en cuenta los determinantes socioculturales.   

Adopción y garantía de  políticas integrales para reducir la mortalidad y morbilidad maternas, en un marco de derechos humanos.  

Retomar dentro de la agenda legislativa el debate sobre el Código Penal, a fin de garantizar el aborto por causales como condición ineludible de la ciudadanía de las mujeres en tanto alude a su libertad y autonomía corporal, sexual y reproductiva.   
 

Elaborar políticas que permitan dar respuesta a la feminización del envejecimiento y a su impacto sobre la salud, de las mujeres.

Adoptar medidas para garantizar la corresponsabilidad de hombres y mujeres, en las tareas domésticas y de cuidado de las personas 

Garantizar el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo a las mujeres que viven con el VIH/SIDA, incluyendo la garantía y vigencia plena de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a vivir sin ningún tipo de discriminación.

Comprometer a los partidos políticos con acciones afirmativas que incorporen a las mujeres militantes al poder de sus propias estructuras y a las candidaturas para ser gobierno.

Desarrollar programas reales de empoderamiento ciudadano para las mujeres.

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